Entrevista con Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.

-La Sociedad Nacional de Industrias ha alertado sobre la vulnerabilidad del Perú frente al acero chino.
¿Qué medidas han tomado otros países de la región para enfrentar este problema?
China produce el 55 % del acero mundial, y cuando en 2018 el gobierno de Donald Trump impuso altos aranceles al acero chino, su producción se redirigió a otros mercados, afectando especialmente a Latinoamérica. En países como Chile, la industria local prácticamente desapareció con el cierre de Huachipato.
Sin embargo, otras economías han tomado medidas. Colombia apli có salvaguardas, lo que encareció la importación de acero chino y protegió su producción local. Otros países han implementado medidas antidumping o directamente han subido los aranceles. En el Perú, no se ha hecho nada hasta ahora. Lo único en marcha es un estudio de Indecopi para evaluar medidas antidumping, pero el proceso es lento y mientras tanto, el daño a la industria sigue aumentando.
Empresas afectadas por esta situación han solicitado medidas cautelares. ¿Ustedes apoyan esta alternativa?
El problema es que los productos chinos entran a precios tan bajos que el acero terminado cuesta menos que la materia prima, lo cual es ilógico en condiciones normales de mercado.
Eso es dumping puro.
Nosotros no estamos solicitando una medida cautelar, porque eso entra en el ámbito judicial y podría demorar aún más. Lo que pedimos es que Indecopi acelere el proceso y
tome medidas lo antes posible, ya que la demora en el estudio está afectando gravemente la industria.
Con el regreso de aranceles a productos chinos en EE. UU.... ¿qué otras políticas debería aplicar el Perú?
El tema del acero es solo una parte del problema. China impacta en varios sectores, y el Perú necesita una estrategia de protección más amplia. Primero, debemos mejorar nuestra competitividad interna. Un factor clave es la simplificación de trámites y regulaciones, algo que estamos trabajando con el Ministerio de Economía.
Ya hemos tenido reuniones y esperamos que en las próximas semanas se anuncien medidas concretas. Otro punto fundamental es la infraestructura logística. Contamos
con proyectos clave como el Puerto de Chancay, el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y el crecimiento de Puerto del Callao, pero los problemas operativos siguen encareciendo el comercio exterior. Las colas de camiones en Chancay y la demora en el desembarque de barcos deben resolverse con urgencia.
El gobierno ha anunciado un plan piloto de Zonas Económicas Especiales (ZEE). ¿Cómo lo evalúan?
El nuevo ministro de Economía José Salardi ha dado un giro positivo en este tema. Ahora se ha entendido que pueden ser beneficiosas si se aplican de manera limitada y bien
regulada. Su predecesor José Arista no estaba de acuerdo con los beneficios tributarios pero otros exministros como Mercedes Aráoz y Luis Carranza, sí lo están.
El plan piloto en el eje Callao-Chancay es una buena decisión por que concentra el mayor movimiento logístico del país. Si funciona, podría replicarse en otras regiones. El MEF
también ha devuelto el drawback, que sirve para dar liquidez a las empresas. Y ahora es urgente una nueva ley de promoción agraria. La que se derogó durante el gobierno
de Sagasti fue determinante para el éxito de la agroexportación.
¿Cuáles son las prioridades de la SNI en los próximos meses?
Este gobierno tiene un año y cuatro meses restantes. Nuestra prioridad es que la economía crezca al menos un 4 % anual, lo que permitiría reducir el déficit fiscal y generar estabilidad de cara a las elecciones de 2026. Si la economía mejora, la ciudadanía votará con optimismo, evitando opciones radicales. No podemos repetir errores del pasado.
Algunos sectores han vuelto a impulsar la vacancia presidencial... ¿Tienen una posición sobre este tema?
Nuestra postura siempre ha sido institucional. Creemos que este gobierno debe completar su mandato hasta 2026, porque cualquier interrupción generaría inestabilidad, frenaría las inversiones y afectaría aún más la economía.
Fuente: Caretas
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